Sentencia A.P. Madrid 638/2013 de 18 de febrero

Publicado en por Vertical. Administración de Fincas

 RESUMEN:

Comunidad de Propietarios: Reclamación de cuotas comunitarias. Plazo para reclamar: Doctrina jurisprudencial al respecto. Elementos comunes: Naturaleza.


MADRID


SENTENCIA: 00638/2012


AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID


SECCION 19


1280A


FERRAZ 41


Tfno.: 91 493 3815-16-86-87 Fax: 91 493 38 85


N.I.G. 28000 1 4014294 /2012


RECURSO DE APELACION 855 /2012


Autos: JUICIO VERBAL 690 /2011


JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 5 de COLLADO VILLALBA


Apelante/s: Marino, Consuelo


Procurador/es: EVERILDA CAMARGA SANCHEZ, EVERILDA CAMARGA SANCHEZ


Apelado/s: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000, SN, HERENCIA YACENTE DE Micaela


Procurador/es: EDUARDO BRIONES MENDEZ, SIN PROFESIONAL ASIGNADO


SENTENCIA NÚM.638


Ilmo. Sr. Magistrado D. NICOLÁS DÍAZ MÉNDEZ


En Madrid a dieciocho de Febrero del año dos mil trece.


La Sección Décimo-Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida a los efectos de conocimiento del presente recurso por el Magistrado-Presidente Ilmo. Sr. Don NICOLÁS DÍAZ MÉNDEZ, ha visto, en grado de apelación, los autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Collado Villalba con el núm. 690/2011 y en esta alzada con el núm. 855/2012 de rollo, en el que han sido partes, como apelantes, Don Marino y Doña Consuelo, representados en esta alzada por la Procuradora Doña Everilda Camargo Sánchez y dirigidos por el Letrado Don César Camargo Sánchez, y, como apelada, la Comunidad de Propietarios de la casa sita en c. CALLE000 NUM000, Guadarrama, representada en esta alzada por el Procurador Don Eduardo Briones Méndez y dirigida por la Letrada Doña Noelia Parra Palacios.


Se aceptan y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto se relacionan con la presente resolución.



ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En los autos más arriba indicados, con fecha 12 de Julio de 2012, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimo la demanda interpuesta por Doña Sandra Otero Romero en representación de Comunidad de Propietarios CALLE000 NUM000 de Guadarrama contra Doña Consuelo y Don Marino, condeno a los demandados a que paguen a la actora cuatro mil doscientos ochenta y siete euros (4.287), más los intereses legales, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada."

Segundo.—Contra dicha sentencia por la representación procesal de Don Marino y Doña Consuelo, se interpuso recurso de apelación, que fundamenta en que dicha sentencia incurre en error de hecho en la valoración de la prueba al considerar a los ahora apelantes como propietarios de 1/49 parte de la finca donde se ubica la piscina, vulnerando el art. 9 de la LPH, dado que los mismos adolecen de toda legitimación; para después de hacer referencia a la facultad del tribunal de apelación para revisar la valoración de la prueba, pasar a señalar que la parte ahora apelante mediante la documental ha acreditado que la madre de los mismos y de otra hermana ya fallecida, adquirió en escritura pública en fecha 14 de Agosto de 1985 el piso que refiere y en escritura pública de fecha 29 de Julio del mismo año el pleno dominio con carácter privativo del 2,04048163% equivalente a 1/49 parte de la finca n.º NUM001 donde su ubica una piscina, patio y poza, pasando a través de dichas adquisiciones a formar parte de la Comunidad de Propietarios demandante, ahora apelada, con las respectivas cuotas que indica; hace referencia a los estatutos de la Comunidad, en la que la madre de los apelantes y sus hijos figuran como propietarios usuarios de la referida piscina, y dichos estatus en su cláusula tercera recogen que cualquier copropietario haciendo uso de su propiedad podrá vender su participación en piscina y demás elementos en conjunto a otra persona, que obligatoriamente tenga piso-vivienda dentro de la CALLE000, pero en ningún modo a persona ajena; en fecha 2 de Febrero de 2001 Doña Micaela vende y transmite en escritura pública a los esposos Don Geronimo y Doña Rebeca el piso ante referido, con todo cuanto le sea inherente y accesorio, en concreto con su cuota de participación, al corriente el pago de impuestos, arbitrio, contribuciones y gastos, especialmente los de la Comunidad y libre de cargas y arrendamientos; pasando a señalar que de lo precedente se desprende la existencia de dos Urbanizaciones Privadas, con lo que a partir de la reforma de la LPH por Ley 8/1999 y a tenor del art. 24, amabas urbanizaciones privadas pasaron a constituir una sola Comunidad de Propietarios, cual la demandante, pasando la piscina a ser un elemento común del piso, imponiéndose la realidad material, de modo que aquellos compradores adquieren tanto el piso como su participación en la piscina, como por propietarios los ha tenido la Comunidad demandante, haciendo referencia a actas de la misma, así como que requerido el referido Don Geronimo, éste se excuso de pago alegando que no le fue transferida la participación en la piscina y que la misma consta en el Registro a nombre de la madre de los ahora apelantes y que en el inventario, avalúo y adjudicación de sus bienes relictos no consta esa participación indivisa de la piscina; hace referencia a los fundamentos de la sentencia, para señalar que no resulta ajustado que aquellos adquirentes que no inscribieron resulten amparados por la fe pública registral, siendo además que la demandante no actúa y referencia a los art. 1.280 y 1.462 del Código Civil, siendo, además, que los ahora apelantes, ni su madre, desde la fecha de la venta antes indicado hicieron uso de la piscina; hace valoración de la testifical a su instancia practicada en la persona del ya citado Don Geronimo, para señalar la existencia de interés del mismo en el pleito, cual no pagar las cantidades objeto de reclamación, resultando sus manifestaciones contradictorias con la prueba documental; alternativamente aduce que la demandante desde el año 2002 hasta 2010 no tuvo a los ahora apelantes como miembros de la Comunidad de Propietarios, teniendo como tal al referido Don Geronimo, que fue citado a las Juntas de los años 2002 a 2010, habiendo notificado la madre de los demandante el cambio de propietario al Secretario de la Comunidad, siendo, en consecuencia, nula la certificación que a la demanda se acompaña, para, por último, my también alternativamente alegar la prescripción de la deuda que se reclama, al haber transcurrido cinco años; para terminar suplicando la revocación de la sentencia a la que el recurso se contrae, dictándose otra más ajustada a derecho por apreciación de los motivos invocados.

Tercero.—Por interpuesto el mencionado recurso, se acordó dar traslado del mismo a la parte en la instancia demandante, la que presentó escrito de oposición, para en base a las alegaciones que realiza suplicar la desestimación de aquél, con confirmación de la sentencia a la que se contrae.

Cuarto.—Remitidos los autos a esta Audiencia, con fecha registro de entrada del día 19 de Octubre de 2012, repartido de conocimiento el recurso a esta Sección, se formó el oportuno rollo, y conforme a lo señalado en la LO 1/2009 de 3 noviembre 2009, art. 82.2.1.º párrafo 2.º, se designa conforme al turno previamente establecido Magistrado para el conocimiento del recurso, personadas las partes, observándose la falta de remisión del soporte con grabación del juicio oral, se recaba del Juzgado, y no estimándose necesaria la celebración de vista queda el rollo concluso para sentencia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—Es de comenzar señalando como del propio contenido del recurso se extrae el contenido de la controversia, cual la reclamación de cuotas de comunidad correspondiente a la finca registral núm. NUM001, en la que sobre parte de la misma se encuentra construida una piscina con los accesorios propios de la misma, finca inscrita a nombre de la fallecida madre de los demandados, que se reconocen herederos de la misma, se viene a cuestionar si esa finca forma parte como elemento común de la finca registral n.º NUM002, edificio de viviendas, claro se nos presenta que son fincas independientes, siendo de recordar que unos de los caracteres de los elementos comunes es su carácter secundario o auxiliar de los elementos privativos, lo que en modo alguno se puede predicar de la primera finca en relación con la segunda, como tampoco su carácter accesorio o de medio para el fin esencial de que se disfruten las viviendas, ni por naturaleza ni por destino, pudiendo en su caso asimilarse a los llamados elementos procomunales, que son aquellos elementos que reúnan los caracteres de independientes, en comunidad o proindivisión de todos o partes de los titulares de los elementos privativos, viendo como adscripción indisoluble, adscripción "ad rem", a la parte privativa, bien dejando su adscripción de la autonomía personal de los titulares de las partes privativas y estar constituido como tal departamento procomunal por la voluntad e intereses de todos, lo que tampoco se da en la primera de las fincas referidas en relación con la segunda, y sin que sea de aplicación la regulación que hace la LPH a partir de la reforma llevada a cabo por Ley 8/1999, de de Abril, al introducir el régimen de los complejos inmobiliarios privados, antes por la jurisprudencia denominado propiedad común tumbada, pues para su aplicación a las situaciones anteriores como la propia regulación exige es necesario constitución a través de cualquiera de los procedimientos que contempla el art. 5 de la propia LPH, con título constitutivo, lo que no se en el concreto caso que nos ocupa, en que nos encontramos con dos fincas independientes, con distinto número registral, e inscrita aquella que devenga las cuotas que se reclaman a nombre de la madre y causante hereditaria de los codemandados, que sólo transmite la finca 10.558, sin referencia alguna en el título de transmisión a la finca NUM001, esto es, no existe transmisión instrumental de ésta, ni tampoco real, pues en modo alguno consta que esos adquirentes hayan tomado posesión de la misma, ni que la venta de aquélla lleve inherente alguno derecho sobre ésta, siendo que sin los propios adquirentes de aquélla, por mejor uno de los cónyuges adquirente, el que manifiesta de forma rotunda no haber adquirido porción alguna de la finca n.º NUM001 ni tener ninguno derecho sobre la misma, sin que sea relevante la confusión que la Comunidad haya podido tener en orden a la titularidad de la cuota en relación con la misma, ni tampoco que los ahora apelantes no la hayan incluido en el haber hereditario se su madre, pues esto sólo a ellos afecta, desde la responsabilidad que contraen al aceptar la herencia, siendo además que la previsión contendía en el art. 3 de los Estatutos en nada incide en la cuestión, pues lo que prescribe es que cualquier copropietario haciendo uso de su propiedad podrá vender su participación en piscina y demás elementos en conjunto a otra persona, que obligatoriamente tenga piso-vivienda dentro de la Colonia CALLE000, pero en ningún modo a persona ajena, y decimos que en nada incide en que se haya producido la venta que los ahora apelantes alegan desde el propio contenido que prohíbe vender a persona ajena, pero no que haya de incluirse en la venta del piso de la otra Comunidad; desde todo lo precedente y dando por reproducidos los argumentos de la sentencia recurrida, que estemos en el caso de su confirmación, siendo de añadir en orden a la prescripción, de forma alternativa se alegó, como esta misma Sección con el mismo Ponente en varias ocasiones ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, así entre otras SS de 18 marzo 1996 y 15-11-2010, y ya se indicaba que el instituto de la prescripción al no estar basado en principios de estricta justicia, su aplicación por los Tribunales debe ser cautelosa y restrictiva, por ello no cabe aplicar los plazos a supuestos distintos que los expresamente previstos, debiendo primar en los casos dudosos el plazo general de quince años contemplado en el art. 1964, que es el aplicable al caso de autos, en función de que la obligación que se deriva del art. 9 LPH es inherente al derecho de propiedad y derivado de unos gastos generales, los que tienen carácter unitario, sin perjuicio de que su pago se pueda fraccionar, como de ordinario ocurre; tesis de general aceptación en la doctrina de las Audiencias Provinciales, así AP Navarra de 5 octubre 2009, al señalar que cierto es que la obligación de contribución a los gastos comunes que contempla el art. 9.1. e) de la LPH, suele establecerse en relación con la aprobación de los presupuestos y cuentas de la comunidad (art. 16.1 de la L.P.H.) como una obligación de naturaleza periódica, mediante cuotas anuales o mensuales, ahora bien ello sin más no puede servir para considerar que en todo caso esa deuda que se origina por la titularidad dominical de un bien inmueble que se integra en la comunidad de propietarios, es en todo caso "una obligación cuyo pago es inexcusablemente cuando menos anual", pues sobre esta naturaleza tan específica no se pronuncia el art. 9.1 e). En esta situación, ante la falta de una previsión legal específica sobre el plazo de prescripción, no puede resultar de aplicación el plazo de cinco años contemplado en el artículo 1.966 del Código Civil, debiendo acudirse al plazo general de las acciones personales, que como dice el artículo 1964 del Código Civil que sólo puede ser inaplicable si existe una previsión específica, que no es el caso; y hace cita de sentencia que se pronuncian en el mismo sentido, Audiencia Provincial de Asturias, Sec. 5.ª, S. 23-9-2005, "se rechaza la tesis de la sentencia recurrida sobre que el plazo de prescripción es de cinco años, sino que es el de 15 del artículo 1964.", la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sec. 3.ª, S. 12-3-2004, "la acción para reclamar las cuotas comunitarias de cualquier clase que sean, nace de la obligación de contribuir al sostenimiento del inmueble y sus elementos comunes, siendo su plazo prescriptivo el general de los quince años del art.1964 y no, el especial del artículo 1966, de solo cinco años, pues estaríamos ante la obligación genérica referida, y que aunque los recibos se giren o pasen al cobro por meses, bimestres o trimestres lo será, en todo caso, para facilitar el pago, y a cuenta de la liquidación que en su día pueda practicarse de conformidad a los gastos que se hubieran tenido"; en el mismo sentido de la AP de Madrid, de 10 de Junio de 2009, con cita de la de AP Valladolid, Sec. 3.ª, S 26-06-2000, y la de AP de Avila de 26 de Febrero de 2009, con cita de las Ss. AP Lugo de 27 de noviembre de 2003 y de Zaragoza, Sección 4.ª de 29 de marzo de 1.999; desde los precedentes criterios que se esté en el caso de desestimar también la alegación en orden a la prescripción.

Segundo.—Por la desestimación del recurso que a tenor de lo que prescribe el art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con su expresa remisión al art. 394, que proceda hacer expresa imposición de las costas del mismo derivadas a la parte apelante, al estimar que el asunto en los términos en que ha sido traído a esta alzada no presenta serias dudas de hecho o de derecho.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO:


 
que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Marino y Doña Consuelo contra la sentencia dictada con fecha 12 de Julio de 2012 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los Collado Villalba bajo el núm. 690/2011, debo confirmar y confirmo dicha sentencia, con expresa imposición de las costas del presente recurso a la parte apelante.

Al notificar esta sentencia dése cumplimiento a lo prevenido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de su razón y a los autos de que dimana, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.

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