Sentencia A.P. Madrid 140/2013 de 21 de febrero

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RESUMEN:

Comunidad de Propietarios: Reconocimiento de deuda. Pago de cuotas comunitarias: Obligación solidaria. Obligatoriedad de designar un representante cuando el piso pertenece a varias personas pro indiviso.


MADRID


SENTENCIA: 00140/2013


Rollo: RECURSO DE APELACION 910 /2011


Autos: 241/2011 - VERBAL


Juzgado: 1.ª INSTANCIA N.º 38 - MADRID


Apelante/Apelado: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 N.º NUM000, DE MADRID


Procurador: IGNACIO GÓMEZ GALLEGOS


Apelante/Apelado: María Luisa


Procuradora: ANA LLORENS ISABEL ARRANZ GRANDE


SENTENCIA N.º 140 DE 2013


Ilmos. Sr.


Magistrado:


D. JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN


En MADRID a veintiuno de Febrero de dos mil trece.


VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por el Ilmo Sr. Magistrado indicado al margen, los Autos de PROCEDIMIENTO VERBAL núm.241/2011, procedentes del JDO. DE 1.ª INSTANCIA N.º 38 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo núm.910/2011, en los que aparece como partes apelantes COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 N.º NUM000, DE MADRID, representada por el procurador D. IGNACIO GÓMEZ GALLEGOS; y Dña. María Luisa, representada por la procuradora Dña. ANA LLORENS ISABEL ARRANZ GRANDE, y como apelados las mismas partes apelantes respecto de los recursos interpuestos de contrario.



ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que, con fecha 1 de julio de 2011, se dictó sentencia en primera instancia en cuyo fallo se recogía: Uno.- "con estimación parcial de la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 n.º NUM000, de Madrid, representada por el procurador D. Ignacio Gómez Gallegos, contra Dña. María Luisa, representada por la procuradora Dña. Ana Isabel Arranz Grande.

Dos.- condeno a Dña. María Luisa al pago de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.994,34 €) de principal, así como al pago del interés legal sobre dicho principal desde la notificación extraprocesal de la liquidación el 17.7.2010, y de los intereses de la mora procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la presente resolución.

Tres.- y desestimo la demanda en cuanto a sus restantes pretensiones, de las que absuelvo a la demandada.

Cuatro.- por último, en cuanto a las costas, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes a mitad".

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación procesal de las partes litigantes, Comunidad de Propietarios de la CALLE000 n.º NUM000, de Madrid, y Dña. María Luisa, se presentaron sendos escritos solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

Tercero.—Seguido el recurso por todos sus trámites, haciéndose entrega al ponente, quedando los autos pendientes de resolución.

Cuarto.—En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia de instancia.

Primero.—Por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 n.º NUM000, de Madrid, y de Dña. María Luisa se interponen sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Madrid, de fecha 1 de julio de 2011.

Por razones de sistemática en la exposición se comienza con el estudio del recurso de apelación formulado por Dña. María Luisa. Alega el recurrente la existencia de un error en la valoración de la prueba practicada, toda vez que todos los documentos presentados por Comunidad de Propietarios fueron impugnados salvo el correspondiente al reconocimiento de deuda efectuado por D. Luis Carlos, por lo que acrecen de valor probarorio, además ha quedado acreditado que la actora y su esposo, D. Luis Carlos, otorgaron escritura pública de capitulaciones matrimoniales, de fecha 9 de enero de 2001, poniendo fin al régimen de gananciales, siendo el propietario de la vivienda su esposo, quien llevó a cabo el reconocimiento de deuda y a quien siempre tuvo como deudor la actora, por lo que la demandada carece de legitimación pasiva.

Solicita la revocación de la sentencia de Instancia y la desestimación de la demanda interpuesta.

Segundo.—Alegada por la parte recurrente la existencia de error en la apreciación y valoración de la prueba practicada, debe principiarse recordando que en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, como una "revisio prioris instantiae" y en el mismo tenor el TC. en S. 3/96 de 15 de enero, en la que el Tribunal Superior u órgano "ad quem" tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris) para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y substantivas de aplicación al caso (S. 31/mar/98); si bien no es menos cierto que ello no supone ignorar que, respecto de aquellas pruebas que han sido practicadas a la inmediación judicial, el Juez "a quo", tiene elementos más fundados para calibrar su entidad, eficacia y credibilidad y que por ello le han conducido a la objetivación de las circunstancias concurrentes, pero sin que ello impida su nueva valoración de la Sala y la modificación de lo por él objetivado cuando se le exponga a aquella y aprecie que ha incurrido en error el Juez "a quo" en su valoración, máxime cuando dispone a estos efectos de la facilidad de análisis de la prueba practicada que otorga a este Tribunal de apelación el visionado del juicio oral mediante la reproducción mecánica del mismo a través de la grabación efectuada y que consta unida a autos.

En un examen de las pruebas practicadas en el juicio y del visionado del CD de la vista, resultan acreditados los siguientes hechos relevantes:

1) Las Capitulaciones Matrimoniales otorgadas por la recurrente y su esposo, por las que se acordaba el cese del régimen económico de gananciales, que era sustituido por el de separación de bienes, no se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad, en el que figura que la titularidad de la demandada del 100% del pleno dominio de la vivienda sita en la CALLE001, n.º NUM000, de Madrid, adquirido por título de compraventa junto con su cónyuge, teniendo carácter ganancial.

2) La prueba documental aportada por la Comunidad de Propietarios acredita que se adeudan la cuotas de la expresada vivienda, correspondiente al período desde julio de 1999 a enero de 2004, por importe de 2.922,80 €. Y por el período desde agosto de 2006 a enero de 2011, por importe de 71,54 €.

No es óbice para ello la impugnación de la prueba documental efectuada por la demandada, pues Es decir, también puede continuar la constante doctrina jurisprudencial a propósito de que no es que el documento privado no reconocido legalmente carezca en absoluto de valor probatorio, ya que ello supondría tanto como dejar al arbitrio de una parte la eficacia probatoria del documento (STS. de 27 de enero de 1987 y 25 de marzo de 1988). Así, pues, podrá valorarse mediante su apreciación con otros elementos de juicio (S. 12 de junio de 1986), pues en definitiva, los documentos privados, aún impugnados, poseen un valor probatorio deducido de las circunstancias del debate (STS 22 de octubre de 1992 y 10 de febrero de 1995).

Tercero.—PAGO CUOTAS OBLIGACION SOLIDAIA.

La obligación de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, se ha configurado por la jurisprudencia como solidaria, ya que ésta, en términos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 julio 1990 presupone una identidad de la causa común obligacional, es decir, la unidad de la prestación hace a la misma indivisible, sin posibilidad de fraccionar el crédito o la deuda, de forma que se debe la totalidad o se es acreedor del todo. Presupuestos de solidaridad que concurren en la obligación aquí cuestionada, cuyo origen y concreción se encuentra en los arts. 5 párrafo 2.º, 9,5 y 14 párrafo 2.º LPH, la cual deriva del hecho mismo de que la contribución se determine con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, que impide se divida cuando son varios los propietarios en tantas partes como estos sean, convirtiendo en divisible la obligación que por su origen y naturaleza es indivisible, sin perjuicio del fraccionamiento que imponga luego en el ámbito interno la relación de condominio a los fines de repercusión de lo pagado por un copropietario a un tercero en cumplimiento de sus obligaciones externas".

La SAP Madrid, sec. 9.ª, S 10-11-2005, num. 49/2005, declaraba al respecto: "resulta indiferente la invocación por parte de una sola de las demandadas del pago de su parte porque como se ha expuesto nos encontramos ante un supuesto en que el piso objeto de este procedimiento pertenece proindiviso a las demandadas, por lo que la obligación de contribuir a los gastos comunes es solidaria, tal y como afirma la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 21-11- 2000: la obligación legal (art. 9.5 LPH) de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, se ha configurado por la jurisprudencia como solidaria, ya que presupone una identidad de la causa común obligacional, es decir, la unidad de la prestación hace a la misma indivisible, sin posibilidad de fraccionar el crédito o la deuda, de forma que se debe la totalidad o se es acreedor del todo. Presupuestos de solidaridad que concurren en la obligación aquí cuestionada, cuyo origen y concreción se encuentra en los art. 5 párrafo 2.º, 9,5 y 14 párrafo 2.º LPH, la cual deriva del hecho mismo de que la contribución se determine con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, que impide se divida cuando son varios los propietarios en tantas partes como estos sean, convirtiendo en divisible la obligación que por su origen y naturaleza es indivisible, sin perjuicio del fraccionamiento que imponga luego en el ámbito interno la relación de condominio a los fines de repercusión de lo pagado por un copropietario a un tercero en cumplimiento de sus obligaciones externas. Así pues, aunque no exista un pacto expreso, la unidad de la prestación y, en definitiva, la identidad del objeto, cual es la satisfacción del único acreedor, que incluso exige la designación de un representante (art. 14, párrafo 2.º), hace surgir el carácter solidario de la obligación, sin perjuicio, como se ha dicho, de la ulterior división interna de la prestación satisfecha con arreglo a las respectivas partes en el derecho compartido.

Dicha solidaridad cabe predicarla aún más tras la reforma de la LPH por 8/99, de 6 de abril, de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto en ella se intenta fortalecer la posición jurídica de la comunidad frente a los comuneros morosos (vid. Exposición de motivos), establece la obligatoriedad de designar un representante cuando el piso pertenece a varias personas pro indiviso y se instaura formalmente la solidaridad entre los titulares de la deuda y los antiguos propietarios en los términos de los art. 9 y 21 de la LPH. De dicha solidaridad se desprende que todos los copropietarios responden de la deuda por entero, sin perjuicio de la posterior repetición entre ellos.

Partiendo de la naturaleza solidaria entre los propietarios de la obligación prevista en el artículo 9.1.e) de la LPH, la falta de inscripción de las Capitulaciones Matrimoniales en el Registro de la Propiedad y la titularidad que en él consta de la demandada sobre la vivienda que nos ocupa, otorga legitimación pasiva a la demandada frente a la reclamación efectuada, sin perjuicio del derecho de repetición frente al otro titular registral, sin que afecte para nada a esta conclusión el reconocimiento de deuda de su esposo.

En consecuencia, no se ha producido el error en la valoración de la prueba en la sentencia de Instancia alegado por la recurrente en el motivo esgrimido, lo que conduce a su rechazo.

Cuarto.—Seguidamente procede examinar el recurso de apelación planteado por la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 n.º NUM000, de Madrid.

Con carácter previo debe rechazarse de plano la causa de inadmisibilidad del recurso de apelación opuesta por la representación procesal de la apelada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 457 de la LEC, aplicable al supuesto de autos, al entender que no expresaba los pronunciamientos objeto del recurso, toda vez que basta una lectura del escrito de preparación del recurso para comprobar que en el mismo se consigna "ausencia de condena al demandado del pago de las cuotas futuras por gastos comunes que se devenguen con posterioridad al dictado de la sentencia hasta el pago a razón de 119,41 € por mes", explicación que colma sobradamente el presupuesto legal exigido, máxime cuando el artículo 457 de la LEC ha sido dejado sin efecto por la Ley 37/2011 de 10 de octubre.

Discrepa la recurrente con la desestimación de la pretensión de condena a las cuotas futuras desde el dictado de la sentencia hasta el completo pago de la deuda, a razón de 119,41 € mensuales, al considerar que concurren todos los requisitos previstos en el artículo 220.1 de la LEC.

La cuestión litigiosa ha sido resuelta por la sentencia de la SAP de Málaga, Sección 4.ª, de 1 de diciembre de 2011, que señala al respecto:

"1.- El párrafo 1.º del art. 220 establece lo siguiente: Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.

En principio, el carácter periódico de las prestaciones en concepto de contribución de los propietarios a la satisfacción de los gastos comunes, en el marco de la propiedad horizontal, permitiría a la Comunidad de propietarios solicitar la ampliación de su pretensión a aquellos gastos aun no devengados en el momento de la interposición de la demanda, justificando su imposición en la sentencia como condena de futuro, ex art. 220 LEC.

Sin embargo, la posibilidad de la condena de futuro comporta una exigencia que, a juicio de esta Sala, se erige en obstáculo para su admisión con carácter general en materia de gastos de comunidad de propietarios. Así, ha de tratarse de prestaciones que, además de periódicas, se encuentran perfectamente determinadas (liquidez) en el momento del inicio del proceso, a falta sólo de su vencimiento, sin que requieran de una posterior actividad liquidatoria, más allá de una mera operación aritmética. Esta exigencia no se cumple en el caso de las deudas de comunidad de propietarios, cuya exacta determinación requiere el desarrollo de un proceso liquidatorio, concretado en las siguientes actuaciones: a) aprobación por parte de la Junta de propietarios de un plan de ingresos y gastos previsibles y las cuentas correspondientes, así como del presupuesto anual, que ha de servir de base para el cálculo de la contribución de cada propietario a los gastos generales; y b) liquidación de la deuda del propietario moroso, mediante el correspondiente acuerdo de la Junta de propietarios, notificado al interesado. Es así que la propia variabilidad y falta de liquidez del importe de los gastos de comunidad no devengados impide su inclusión en el ámbito de la condena de futuro, la que sólo cabe respecto de prestaciones que, además de periódicas, sean constantes en su importe, o su liquidación se obtenga mediante una simple operación aritmética.

Lo expuesto encuentra reflejo en la propia LEC, con referencia al único supuesto de condena de futuro, distinto de los intereses, que se contempla de forma expresa (reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo), en cuyo caso, si el demandante lo hubiere interesado expresamente en su escrito de demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. Se trata así de mantener la invariabilidad del importe de las sucesivas prestaciones tras la interposición de la demanda, mediante una suerte de congelación de las rentas futuras.

Su inclusión en el contenido de la condena cercenaría las posibilidades de oposición del propietario afectado, ante las posibles vicisitudes del proceso de liquidación de la deuda, habida cuenta la restricción de los motivos de oposición sobre el fondo en el ámbito de la ejecución de títulos judiciales, limitados al pago o cumplimiento de lo ordenado, ampliados por la Ley 37/2011 a la caducidad y a los pactos o transacciones convenidos para evitar la ejecución, plasmados en documento público (art. 556.1 LEC). Es así que los mecanismos de oposición del propietario ante una eventual liquidación incorrecta de la deuda, incluida en la condena de futuro sin posible contradicción procesal (preclusión de la fase de alegaciones y restricción de las causas de oposición a la ejecución), comportaría una inadmisible infracción del derecho de defensa.

El criterio de legislador no parece favorable a la admisión de la condena de futuro de deudas comunitarias, si se tiene en cuenta la expresa distinción que hace respecto de las rentas periódicas, las que sí son especialmente contempladas como susceptibles de condena futura (inclussio unius, exclussio alterius). Lo que, además, se corresponde con un distinto tratamiento en materia de recursos, habida cuenta el distinto alcance de la exigencia de la satisfacción de la deuda como presupuesto para la preparación (actualmente interposición, en virtud de la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, que en el caso de las rentas se extiende a las vencidas o las que deba pagar adelantadas, en ese momento, y a las que venzan o deba de adelantar en el futuro, hasta la decisión de los recursos; requisito que, en el caso de las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, se limita a la satisfacción o consignación de la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria (art. 449 LEC); modificándose así la previsión antes establecida en el art. 21.12 LPH, que exigía la consignación de las cuotas que fueran venciendo durante el recurso de apelación".

Las consideraciones expuestas llevan a excluir la posibilidad general de aplicar la condena de futuro en el ámbito de las deudas comunitarias.

Quinto.—Por todo lo que antecede, procede desestimar los recursos de apelación interpuestos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 de la LEC se imponen a las partes recurrentes las costas devengadas en esta alzada.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.

FALLO


 
Debo DESESTIMAR y DESESTIMO los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 n.º NUM000, de Madrid, y de Dña. María Luisa, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Madrid, de fecha 1 de julio de 2011, y, en consecuencia, CONFIRMO la expresada resolución en su integridad.

Se imponen a las partes recurrentes las costas devengadas en esta Instancia.

Notifíquese esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 248.4 de la L.O.P.J. contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta sentencia lo mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. D. JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.

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