Estudio de sentencias sobre la viabilidad legal de la instalación de cámaras de vigilancia en las comunidades de propietarios

Publicado en por Vertical. Administración de Fincas

Por D. Vicente Magro Servet 

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Doctor en Derecho)

 

 

1.- Introducción.

Se plantea en una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2010 -EDJ 2010/284761- el interesante y actual tema de la viabilidad legal de la instalación de cámaras de seguridad en las viviendas y si este sistema afecta, o puede afectar, al derecho a la propia imagen de las personas. Sin embargo, aunque el objeto de la citada sentencia trata sobre la instalación de las cámaras en un chalet o adosado y la afectación que la grabación provocaba en el colindante, cierto es que afecta el estudio a la adopción de estas medidas en las comunidades de vecinos, cono vamos a reseñar.

Y es que la actual situación de inseguridad ha determinado que muchas comunidades de propietarios opten por estudiar la viabilidad legal de instalar cámaras de seguridad en los inmuebles como sistema para actuar a prevención ante los reiterados delitos contra la propiedad que se suceden y con el objetivo de que desistan de su intento, al menos en esa comunidad, al disponer de estos dispositivos de control. Es decir, que además de operar como un mecanismo de identificación de las personas que accedan a la comunidad, la verdad es que viene a constituir un mecanismo de prevención que determine que desistan de actuar en comunidades que tienen instalados dispositivos de control y vigilancia por grabación de imágenes.

Pero la instalación de las cámaras de vigilancia tiene muchas aristas que tener en cuenta antes de ser adoptada su presencia en las comunidades, ya que tiene una amplia afectación de materias a considerar, entre las que se encuentran el derecho a la imagen, el alcance del quórum exigido por la LPH -EDL 1960/55- para la adopción del acuerdo, la proporcionalidad en la adopción de la medida para prevenir la delincuencia en la comunidad y la alegación de la afectación de los derechos de algunos comuneros que consideran más importante la protección personal de su derecho constitucional a la propia imagen y la privacidad de su entorno que las razones de protección y seguridad que puedan alegarse en justificación de la inclusión en un orden del día de la instalación de las cámaras de seguridad.

2.- La LPH y el quórum para la adopción del acuerdo.

Así, en primer lugar, hay que concretar que la instalación de cámaras de vigilancia requerirá la adopción de acuerdo por 3/5 según establece el art. 17.1 LPH -EDL 1960/55-, quedando obligados todos al pago de alcanzarse ese quórum, que sabido es que no debe conseguirse en la misma junta, sino que hay que estar a la espera del resultado del voto presunto para calcular si con la no oposición de los ausentes se llega a los 3/5.

Pues bien, entendemos que en materia de comunidades de vecinos, adoptado el acuerdo como medida de seguridad y recogiéndose tal objetivo en el acta al aprobar el acuerdo, no puede entenderse que quede afectado el derecho a la propia imagen de los comuneros por el hecho de que ellos salgan en la imagen, ya que existe una cobertura de acuerdo comunitario adoptado por todos los que han optado por hacer vida en comunidad y sujetarse a los acuerdos de una mayoría. Distinto es, sin embargo, el caso de una persona que opta por adquirir un chalet o adosado por preferir hacer vida independiente, aunque también pueden estar en régimen de comunidad, y que un vecino, sin existir acuerdo, instala cámaras de seguridad propias para la vigilancia exterior del inmueble alcanzando la grabación al vecino, de tal manera que queda constancia en el sistema de grabación de las entradas y salidas de este y de las personas que allí habitan, suponiendo una vulneración de la intimidad.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la sentencia de la AP de Valencia de 17 de mayo de 2003 -EDJ 2003/126631- sobre la instalación de cámaras de grabación de imágenes en el patio común de un edificio grabando las entradas y salidas de las personas por motivos de seguridad avalándolas. También, la sentencia de la AP de Valencia de 28 de mayo de 1998 -EDJ 1998/13358-, confirmada por la sentencia del TS de 2 de julio de 2004 -EDJ 2004/82483-, según la cual, no cabe un automatismo en la aplicación de la norma contenida en la Ley orgánica de protección del derecho al honor y a la propia imagen, sino que queda a la esfera valorativa del juez la construcción selectiva del trozo de vida que conviene a aquella conforme a las pautas del art. 2.1 LPDH (Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen) -EDL 1982/9072-, por lo que debe ponderarse si la instalación de las cámaras cumple las reglas de la proporcionalidad, lo que en cierta medida es factible en aras a proteger las comunidades de la actual situación de criminalidad.

Ahora bien, distinto es el caso de vecinos que instalan cámaras de seguridad propias, pero que afectan en la grabación a los colindantes, ya que estos no deben soportar una servidumbre de este tipo al grabarse entradas y salidas y sin haber dado consentimiento alguno, ya que en materia de acuerdos comunitarios debe ponderarse que el acuerdo se alcanza por la mayoría legalmente establecida, y no exige la LPH consentimiento absoluto de todos bajo el régimen de la unanimidad, ya que se trata de la instalación de un servicio de interés general y el quórum de aprobación es el de 3/5.

3.- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de Diciembre de 2010 respecto a la instalación de cámaras de vigilancia en zona privativa que alcanza a otros comuneros.

Ahora bien, en el caso en concreto, el TS entiende en la Sentencia de 10 de diciembre de 2010 -EDJ 2010/284761- que el hecho de que pueda apreciarse tangencialmente a alguien entrando o saliendo, sin poderse determinar siquiera quien es por alguno de esos accesos afecta a la esfera intima. No obstante, también es cierto que si llegáramos al extremo que contempla la sentencia, también podrían quedar anuladas las cámaras de los bancos, ya que como se hizo constar en el recurso de casación ante el Alto Tribunal, ¿En que situación se encontrarían los cajeros automáticos de entidades bancarias, cuyas cámaras con mejor definición, recogen a una pluralidad de personas que acceden o salen de las propiedades vecinas a su ubicación.?. ¿Vulneran estas cámaras el derecho al honor de los ocupantes de las propiedades vecinas o de cualquiera que pase frente a ellas por captar sus entradas y salidas.? ¿A que nivel de protección se coloca el derecho a la libertad, a la propiedad y a la seguridad personal, también derechos constitucionalmente protegidos.?

En la Sentencia del TS de 2 de julio de 2004 -EDJ 2004/82483-, en relación a las imágenes obtenidas por un detective mediante una cámara colocada directamente para comprobar las entradas y salidas de una vivienda, decía el TS, que si bien éstos no podrán nunca utilizar para sus investigaciones, medios personales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, no se vulnera dicho derecho por medio de imágenes captadas en la calle que no han sido reproducidas ni publicadas, recogiendo la entrada y salida de la vivienda de una persona (la recurrente) y de otras personas no identificadas. La captación de la imagen en el lugar y forma indicados, esto es, en la calle, en la entrada y salida de su vivienda, no constituye injerencia en ese ámbito reservado e intimo de la persona contrariamente a lo que indica la sentencia recurrida.

En este sentido, ese Alto Tribunal conforme la doctrina del Tribunal Constitucional, ha definido la esfera íntima protegible entendiendo que la captación de una imagen en zona pública cuando además esta es accesoria, no infringe los derechos constitucionales a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (Sentencias del TS de 13 de marzo de 1989 -EDJ 1989/10101- y de 22 de diciembre de 2000 -EDJ 2000/44284-, y Sentencia del TC de 22 de abril de 2002, núm. 83/2002, rec. 182/1998 -EDJ 2002/11229- y 6 de mayo de 2002, núm. 99/2002, rec. 403/1997 -EDJ 2002/15827-).

Lo que hace en este caso el TS es ponderar la instalación de las cámaras en aras al fin pretendido con ellas, y así apunta que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental es o no proporcional se deben cumplir 3 requisitos:

1. Si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).

2. Si es necesaria, en el sentido de que no exista otra más moderada para obtener el fin perseguido con la misma eficacia (juicio de necesidad).

3. Si tal medida es ponderada o equilibrada, esto es, si se derivan de ella más ventajas o beneficios que perjuicios sobre otros derechos o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad, en sentido estricto).

Ante tal pronunciamiento y exigencia de estos requisitos viene el TS a señalar que ante la instalación de cámaras de vigilancia debe analizarse con detalle cuál es el fin perseguido por las mismas y si puede obtenerse el mismo por otras vías. Un pronunciamiento que, si cabe, no deja de ser un tanto teórico, ya que evidentemente, la metodología que supone la instalación de las cámaras en su instalación y sus objetivos son únicos como hemos expuesto, cual es el de identificar a los que entren en un inmueble y servir de prevención para quienes quieran atentar contra la propiedad ajena, lo que, indudablemente, va a suponer el sacrificio de otros derechos con los que se entra en conflicto, cual es la imagen de las personas grabadas. De ninguna otra manera se garantiza mejor la protección mediante sistema de identificación de las personas que con la cobertura que dan las cámaras. Ahora bien, siempre y cuando se cumplan los presupuestos normativos de llevar a cabo la instalación por empresa especializada con cobertura habilitante, la preceptiva información pública de la existencia de la instalación de grabación y tratándose de comunidades en acuerdo de la junta habilitante, ya que si se trata de un vecino vemos en la jurisprudencia del TS y de la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional que más tarde exponemos que es muy restrictiva a su admisión.

Así, el Alto Tribunal, a la hora de analizar los derechos que quedan afectados por estas instalaciones señala que el art. 7.1 y 5 LPDH -EDL 1982/9072- define las intromisiones ilegitimas en el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por tanto, el emplazamiento de cámaras de filiación en cualquier lugar que permitan la obtención de imágenes sobre la intimidad de las personas o bien la mera captación de imágenes de personas mediante cámaras en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo expresa autorización legal, o cuando la persona hubiera otorgado al efecto su expreso consentimiento, y entiende que en principio tienen la consideración legal de intromisión ilegitima en orden a lo previsto en el art. 1.1. LPDH -EDL 1982/9072-. Además, el art. 7.1 y 5 LPDH -EDL 1982/9072-, en relación con el art. 2 de la misma Ley -EDL 1982/9072-, considera intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad, entre otras (sin perjuicio de los supuestos de consentimiento expreso del titular del derecho y de actuaciones autorizadas por una ley) «el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas» y «la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2».

Ahora bien, como decimos, esto no puede afirmarse categóricamente sin analizar el contexto de los supuestos en los que se aplica, ya que en efecto si el objetivo es el de afectar la privacidad de las personas evidentemente que debe tener la protección constitucional, pero si los objetivos son otros habrá que efectuar el "trámite" de la comparación para comprobar si existe afectación al derecho a la imagen siempre que se trata de garantizar la seguridad de las personas que viven en comunidad.

Por ello, en la sentencia se viene a recordar que de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencia del TC 186/2000, de 10 de julio -EDJ 2000/15161-), la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En el caso concreto se trataba de la instalación por el demandado de cámaras de vigilancia que grababan las entradas y salidas del domicilio del vecino, afectando a la esfera íntima donde se desarrolla su vida y controlando una faceta que toda persona reserva para sí misma. Según la sentencia que dictó la Audiencia Provincial, la grabación de las entradas y salidas del domicilio afectan, aun cuando solo fuera tangencialmente, a la esfera íntima donde se desarrolla la vida del vecino y suponen un control o vigilancia sobre una faceta que toda persona reserva para sí misma o su círculo íntimo. Por tanto, si bien en un principio se puede considerar que la instalación de las cámaras respondía a motivos de seguridad al situarse la vivienda en una zona aislada y sin iluminación, sin embargo, no supera el juicio de proporcionalidad, pues se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar del recurrido en aras de la seguridad de su vecino. Por ello, concluye el TS que el sistema de grabación instalado en la propiedad privada del vecino por motivos de seguridad no ha resultado idóneo, pues quedan grabadas las entradas y salidas de su domicilio del colindante, o de cualquier otro miembro de su familia.

Ahora bien, si esto es cierto en cuanto a viviendas adosadas en cuanto a la instalación realizada por un vecino que pueda grabar imágenes fijas del vecino sin consentimiento de este, la situación varía cuando el tema afecta a una comunidad de vecinos cuando se entra a valorar un acuerdo alcanzado por el quórum legal y marcándose un objetivo en la adopción dirigido a mejorar la seguridad de la comunidad, ya que no se puede alegar la exigencia del consentimiento del afectado si alguien se opone a la instalación de las cámaras de seguridad si el acuerdo se ha alcanzado por las mayorías que establece la LPH.

4.- La adopción del acuerdo por la comunidad de propietarios da cobertura a la instalación de las cámaras de vigilancia.

Pues bien, concluyente al objeto que ahora nos interesa es la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 20 de mayo 2010, rec. 665/2009 -EDJ 2010/94695- en la que se analiza un caso de instalación de cámaras de vigilancia en un garaje, señalando al respecto la Audiencia Nacional, por medio de su Sala de lo Contencioso, - al tratarse de la impugnación ante la imposición de una multa de 2.500 euros por la Agencia de Protección de Datos-, que si bien el art. 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -EDL 1999/63731-, requiere el consentimiento inequívoco del afectado para tratar sus datos de carácter personal, salvo que la Ley disponga otra cosa, dicho consentimiento ha de ser inequívoco, en cuanto no quepa duda de que efectivamente ha sido prestado, más inequívoco no significa previo (tal y como sí exige, no obstante, el art. 11 LOPD -EDL 1999/63731- para la comunicación o cesión de datos personales) sino que también puede otorgarse con posterioridad al tratamiento de los datos, siempre que su existencia no ofrezca duda alguna.

En la sentencia se destaca que en estos casos se admite que el consentimiento del afectado al que se refiere la Ley para poder instalar las cámaras se sustituye en el caso de las comunidades de propietarios por el acuerdo de la junta, incluso el alcanzado a posteriori ratificando la instalación casi inmediata. Así, puntualiza la sentencia que se entendía que el consentimiento manifestado por el acuerdo de la Junta de la Comunidad de Propietarios, aún efectuado después de la instalación de las cámaras era suficiente para entender prestado válidamente el consentimiento: "tal consentimiento inequívoco, aunque posterior a los hechos y en definitiva a la instalación y grabación de imágenes por las mencionadas cámaras de vigilancia, se otorgó por los vecinos de la Comunidad de Propietarios en la Junta General Ordinaria celebrada el 8 de enero de 2008, tal y como figura en el folio 9 del expediente. Junta en la que el Presidente, tras poner los hechos en conocimiento de los vecinos, e informarles de que con la instalación particular de tales cámaras se había localizado a la persona que realizaba los actos vandálicos, plantea que los gastos de tal instalación sean asumidos por la Comunidad, por haber redundado en beneficio de todos, aprobándose por mayoría (con el voto en contra de...) la asunción de tales gastos originados por la instalación de las repetidas cámaras de video vigilancia, Junta en la que además se acordó pedir presupuesto de vigilancia para la instalación de cámaras, pero que abarcara todo el garaje.

Así, en cuanto al quórum para alcanzar este acuerdo de instalación de cámaras de seguridad también se pronuncia la AN favorable al cualificado de 3/5 al señalar que no se olvide que el art. 17 LPH -EDL 1960/55- exige mayoría cualificada para el establecimiento de determinados servicios: El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Por lo tanto, la instalación de cámaras de video vigilancia en zonas comunes del edificio no se puede realizar sin consentimiento de la Comunidad, sin que puedan servir para excluir dicha exigencia los principios de proporcionalidad y finalidad que derivan de lo dispuesto por el art. 4 de la Instrucción 1/2006 del Director de la Agencia -EDL 2006/310701-. Quiere esto decir, que si no hay acuerdo de la comunidad ni tan siquiera la concurrencia de los requisitos de proporcionalidad y finalidad antes expuestos en la doctrina del Tribunal Supremo y Constitucionalidad servirían para validar la instalación de unas cámaras de vigilancia, lo que quiere decir que, por ejemplo, el Presidente de una comunidad no puede por sí solo acordar la instalación de las mismas sin seguir el procedimiento establecido de convocar junta previa inclusión en el orden del día de esta cuestión y alcanzándose el quórum de 3/5 en la doble mayoría y sin que sea preciso, como sabemos, que se alcance en la misma junta, sino estando a la espera del voto presunto.

En el caso analizado por la Audiencia nacional se había impuesto sanción por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos Sanción a un particular por infracción del principio de consentimiento, al instalar cámaras de video vigilancia en un garaje para evitar actos de vandalismo, sin que la Comunidad de Propietarios hubiera autorizado la instalación de las cámaras y existiendo solo existe una "autorización" del Presidente de la Comunidad, y entre las funciones del Presidente no está el sustituir a la Junta de Propietarios en la adopción de acuerdos.

Sobre la validez de la instalación de las cámaras de vigilancia mediando acuerdo de la junta se pronuncia la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, sentencia de 5 diciembre de 2008, rec. 322/2008 -EDJ 2008/374172- en la que se recoge que "el acuerdo lo adopta legítimamente la comunidad en sede de normal actuación con una finalidad aparentemente propia e integrante de su acervo competencial, dentro del procedimiento adecuado de adopción de acuerdos y con una finalidad favorable a los comuneros, como es la de garantizar la seguridad de la comunidad, lo que diferencia este caso de otros como el de la sentencia de la AP de Tenerife de 22 de noviembre de 2004 -EDJ 2004/216969- en el que un vecino instala un sistema de grabación manu militari sin consentimiento de los demás, pues, como aquí se indica, lo hace la comunidad mediante acuerdo en la Junta con una finalidad que legitima su adopción."

Con ello, el acuerdo se alcanza para la captación de imágenes captadas en el ámbito interno de la comunidad a los solos efectos de impedir que terceros ajenos a la misma creen problemas de seguridad e identificarlos en caso de delito, sin proyectarlas, difundirlas o revelarlas externamente a terceros, y la proporcionalidad se demuestra en estos casos a través de la propia mecánica del sistema, consistente en un circuito cerrado de televisión que graba imágenes sin sonido y sin visión directa de las viviendas que forman parte de la urbanización, teniendo en cuenta que también es adecuado al mecanismo interno de seguridad del sistema en el que las imágenes se almacenan en un aparato al que sólo tiene acceso el presidente de la comunidad, eliminándose a los 7 días. Por otra parte, en estos casos es recomendable hacer constar en el acta donde se recoge el acuerdo alcanzado la existencia de anteriores actos lesivos contra la propiedad y seguridad de los comuneros, si los ha habido, lo que da la oportuna cobertura al acuerdo.

5.- Necesidad de que se cumplan los requisitos legales para instalar las cámaras.

En la instalación de cámaras de vigilancia hay que atender también al contenido de la Instrucción 1/95 -EDL 1995/13174-, que entiende que los responsables que cuenten con sistemas de video vigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el art. 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre -EDL 1999/63731-. A tal fin deberán: a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 -EDL 1999/63731-. También la instrucción 1/2006 en su art.1 -EDL 2006/310701- señala que: "La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras. (...).

Sobre el cumplimiento de los requisitos recuerda así la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 20 mayo de 2010, rec. 655/2009 -EDJ 2010/94695- que es especialmente importante lo que señala el art. 4.3 de la Instrucción -EDL 2006/310701- cuando establece que: Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.

Y la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, sentencia de 18 de febrero de 2011, rec. 11/2010 -EDJ 2011/11060- trata de un caso en el que en una comunidad de propietarios quien instaló las cámaras fue un particular señalando la sala que, además, las cámaras instaladas en la vivienda captaban imágenes de la vía pública (cámara instalada en la parte delantera), de la piscina de la comunidad de propietarios y parte de las viviendas de otros propietarios (cámara instalada en la parte trasera). Así, la captación de estas imágenes implicaba que se tomasen y, en algunos casos, se grabasen a todas aquellas personas que estaban bajo el alcance de la misma, lo que incluía a todo ciudadano que transitase por la vía publica en frente de su domicilio y muy especialmente las imágenes de los restantes propietarios que utilizasen las zonas comunes de dicha comunidad e incluso la vivienda de algunos copropietarios en contra de la expresa voluntad de estos. Además, carecía de autorización de la comunidad de propietarios para instalar dicha cámara enfocada a las zonas comunes de dichos inmuebles, con lo que tampoco será admisible que un particular lo lleve a cabo en una comunidad sin la autorización común al grabarse espacios comunes de la comunidad sin autorización de esta, lo que es posible que ocurra en comunidades de propiedad tumbada si la comunidad no instala las cámaras y quiere llevarlo a cabo algún propietario de chalet adosado. Con ello, ya hemos visto en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de Diciembre de 2010 -EDJ 2010/284761- que si se graban zonas de vecinos y no exclusivamente los propios estará afectando el derecho a la imagen, y en cuanto a la grabación es espacios públicos la AN recuerda en esta sentencia, además, que "cabe recordar que la grabación de imágenes en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1997 -EDL 1997/24223- y previa la obtención de autorización administrativa y respecto a la instalación de una cámara que captaba las imágenes de zonas comunes y privativas de otros propietarios, el recurrente carecía de la necesaria autorización de la comunidad y del consentimiento de los afectados."

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